Foto: Cuartoscuro/Archivo

Fueron miles de fracasos en el reformatorio. Menores de edad que iniciaron y terminaron su vida delinquiendo; menores de edad que ingresaron y salieron por las puertas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Mujeres, hasta hoy ubicado en Coyoacan, sólo para entrar de nuevo a la grande. La Cárcel de Mujeres. Cientos y miles de vidas que se echaron a perder con el telón de fondo de la readaptación. Pero ésta jamás funcionó.

A partir del primer minuto de hoy los cinco Consejos Tutelares para Menores Infractores que dependían de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pasaron a manos del Gobierno del Distrito Federal. La herencia es eso: abandono, rejas, celdas, fracasos, malos tratos y estigmas que cargan los menores tutelados.

“Antes eran niñas abandonadas y aquí llegaban; pero en los últimos cuatro años llegaron muchas menores por adicción o por venta de drogas. Son los burros, así les dicen los narcos mayores….”, dice Antonieta, madre de una interna. Su hija está acusada de delincuencia organizada. Sólo tiene 17 años.

El plomo es su alimento. El Ivancito nació, creció y mató a por lo menos media docena, hasta antes de cumplir 17 años, cuando fue recluido en agosto de 2007 en el Consejo Tutelar; forma parte de los 2 mil 821 internos de 12 a 17 años que, a partir de hoy recibirán nuevo tratamiento, dentro del concepto comunidad terapéutica. O por lo menos ése es el espíritu de la ley aprobada por el Congreso de la Unión en 2005.

De hoy en adelante, la familia y el menor de edad que llegue a cometer un delito, recibirán en conjunto orientación psicoterapéutica. Será un tratamiento integral, dice en entrevista con MILENIO la directora ejecutiva de tratamiento a menores del Gobierno del Distrito Federal, Raquel Olvera.

Es abogada y su antecesor en el cargo era militar. No obstante, la nueva funcionaria afirma que se encuentra listo un ejército de 500 empleados, entre psicoterapeutas, trabajadoras sociales, médicos, personal técnico y hasta filósofos. Todos han recibido capacitación para integrar al menor delincuente con su familia, “creo en la reinserción. Hay que hacer mucho por ellos, para su reintegración al núcleo familiar”. Es la apuesta.

Pese a que las reformas a la Ley de Justicia para Adolecentes entraron en vigor en todo el país en 2006, en la Ciudad de México se tardó su aplicación debido a que la legislatura local no efectuó a tiempo las reformas al Código Penal local; aunado a ello las autoridades capitalinas alegaron falta de recursos financieros para poner en marcha el nuevo sistema jurídico. Pidieron tiempo y éste inicia hoy.

El Ivancito

12 de julio de 2007 en la madrugada. Varios menores discuten sobre algunas autopartes robadas; la atención se centra en dos de ellos: uno de 14 y otro de 16 años. El segundo gana en rapidez: saca una pistola (con siglas de la SSP) y la dispara tres veces en el cuerpo del otro. Ahí queda en uno de los callejones de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza. Después se supo que el agresor había sido El Ivancito, de entre 16 y 17 años de edad.

Cuarenta días después fue detenido y enviado al Consejo Tutelar. Fue cuando se supo que él y otros menores de edad pertenecían a la banda de Los Cano. Se les relaciona por lo menos con seis homicidios y una larga cadena de extorsiones. Otros integrantes de la banda tenían 14 años de edad. Por lo menos la mitad estuvo en su momento en algún Consejo Tutelar. Con ellos, el reformatorio fracasó.

Según registros de la PGJDF, la carrera criminal de El Ivancito inició antes de cumplir los 16 años de edad. Lleva el cuerpo tatuado y en la espalda las alas del demonio y un ángel.

Su primera visita al Consejo Tutelar ocurrió a raíz de que le robó un par de tenis a Alejandro Lara, de 19 años, quien lo denunció. Al salir, éste fue acribillado con una escopeta por El Ivancito. Aun en el tutelar la banda actúa. En abril pasado asesinaron a tres jóvenes de 14 y 17 años de edad en la misma zona.

Las otras manos de la tutela

El traspaso de responsabilidades en los tutelares del gobierno federal a las autoridades locales, como lo prevé el articulo 18 constitucional reformado, no estuvo exento de movilizaciones de la sociedad que busca participar en su entorno.

En el tutelar de San Fernando, ubicado en un predio de 38 mil 766 metros cuadrados, los vecinos pidieron al delegado en Tlalpan, Guillermo Sánchez, su recuperación para adecuarlo como centro cultural. Las autoridades, sin conocer a fondo el proyecto de traspaso, tienen en mente mudar sus instalaciones administrativas a ese sitio.

“Antes, la presencia del tutelar en ese lugar se aguantaba, pues la delegación era chica pero hoy ya no se justifica. La gente sufre el tránsito constante”, dice el funcionario.

Olvera Rodríguez no piensa lo mismo, “ese tutelar llegó antes que los vecinos y al exterior no provoca ningún conflicto, ni con los vecinos ni con la delegación, además ¿dónde los ponemos?”

Otra protesta vecinal se dio a las puertas del tutelar de Coyoacán, donde había alrededor de 31 mujeres. Cuestionadas, Mónica González y Carmen Aguilar, recuerdan que ese espacio fue adquirido en 1900 para dar paso a la correccional de mujeres menores infractoras.

De los cinco centros que pasan a manos del Gobierno del DF, este último fue entregado sin edificio. Las nuevas instalaciones están por Tepepan.

Familiares entrevistados a las puertas del tutelar de San Fernando recuerdan el motín de febrero de 2005: “No es un reformatorio, ni correccional: es una cárcel”, dicen.

En el motín de febrero de 2008 resultaron 22 lesionados y todo comenzó cuando las autoridades pretendían el traslado de tres menores de “alta peligrosidad”. La revuelta protagonizada por los internos duró cerca de tres horas. Salieron a relucir armas de fuego, piedras y palos. Se rompieron puertas y ventanas, incendiaron archivos y material de oficina. Al finalizar la zacapela, los menores, alrededor de 300, fueron desnudados y apilados en el patio central del edificio.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la mayor parte de los consejos tutelares del país existe hacinamiento y malos tratos a los menores infractores. Celdas en lugar de dormitorios. En esos sitios conviven menores como El Ivancito, un asesino hecho y derecho, y otros niños que han sido abandonados por sus padres. Todos revueltos.

La nueva ley dice que ahora todo será diferente.