Foto: Paola García

A menos de dos semanas de que la Secretaría de la Función Pública lanzó una convocatoria para encontrar “el trámite más inútil” en los tres niveles de gobierno, el empresario Alejandro Vital da a conocer el caso de un desarrollo turístico en Bahía de Banderas, Nayarit, que a un año y medio de iniciadas las gestiones respectivas, se encuentra en punto muerto.

El proceso se ha topado con requisitos más allá de los legales, presuntas violaciones a la ley de las propias autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, y hasta amenazas de terceros contra el desarrollador, sin que se haya expedido aún la autorización respectiva para aplicar una inversión inicial cercana a 90 millones de pesos.

Las trabas con las que se ha encontrado Vital se han materializado en un sinnúmero de documentos que, para avalar sus afirmaciones, lleva en una maleta que contiene cinco gruesas carpetas con la correspondiente información oficial.

Mientras el empresario intenta llegar hasta el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira, para exponer su caso, La Joya de la Costa, ahora La Joya Vistas —en un intento más por obtener la autorización para el desarrollo— ha dejado de percibir entre 30 millones y 40 millones de pesos con base en sus previsiones, además de quedar sólo en proyecto la creación de fuentes de empleo o cerrar algunas que ya se tenían.

El 28 de marzo de 2007 se presentó a la Semarnat la manifestación de impacto ambiental para 151 lotes, para su evaluación y dictamen.

Dos meses después, en mayo, tras una inspección ordenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se determinó que las actividades que se realizaban en el desarrollo carecían de autorización en materia de impacto ambiental, que deben obtenerse de la Semarnat.

Esto derivó en un procedimiento administrativo que terminó en una multa de 202 mil pesos y el cumplimiento de medidas correctivas, entre ellas la suspensión de las obras.

Hasta ahí, el empresario Alejandro Vital reconoce apego a la normatividad por parte de las autoridades, todo lo cual se tradujo en la necesidad de que obtuviera la autorización de cambio de suelo.

El 19 de diciembre presentó ante la Semarnat los estudios de impacto ambiental y técnico justificativo, para obtenerla.

Alejandro Vital cuenta que entre agosto y diciembre de 2007, recibió “peticiones y amenazas” por parte de un grupo de gestores, que en principio le habían prestado sus servicios, los mismos que provocaron la multa de la Profepa, para que mediante un pago de 5 millones de pesos, se le autorizara el cambio de uso de suelo, a lo cual se negó.

El 29 de enero de 2008, esa secretaría solicitó información complementaria al estudio técnico justificativo, la cual se entregó el 14 de febrero siguiente.

Sin embargo, el 18 de marzo de 2008, la dependencia notificó la caducidad del trámite y se desechó la solicitud de cambio de uso de suelo, porque la información citada “no cumplía con lo requerido.”

Según el empresario, de manera extraoficial supo que el motivo fue no haber presentado en copia certificada el acta constitutiva de la empresa San Pancho Developments Group SA de CV., así como copia certificada del poder a nombre de Alejandro Vital, “documentos que no fueron requeridos en el oficio respectivo” y que, en cumplimiento en el artículo 17-A, “el trámite no podía desecharse argumentando que estaba incompleto”.

En oficio notificado el 31 de marzo, la Semarnat pidió información complementaria a la manifestación de impacto ambiental y le indicó que con base en el dictamen técnico de la Sedesol, el desarrollo “no cumple con la normatividad que para la zona de referencia dictaminaron las autoridades municipales y estatales a través del ‘dictamen de congruencia’ SOP/DGPDU/DDU/7096/07, del 12 de diciembre de 2007”.

Así, el 7 de abril de 2008 se volvió a presentar dicho trámite. El 16 del mismo mes, al desarrollador se le solicitó información complementaria del nuevo estudio justificativo, y el 7 de mayo fue entregada.

El 23 de mayo pasado se le pidió nueva información complementaria, ahora para acreditar la titularidad de una propiedad, “en total contravención a lo dispuesto en el articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, explica Alejandro Vital.

Al encontrarse dicho requerimiento en trámite en el ayuntamiento, el 3 de junio el empresario se desistió parcialmente de la autorización respectiva, pero solicitó que ésta se otorgara a la otra parte del proyecto, en la superficie del predio del cual sí se demostró la legal posesión.

El 13 de junio de 2008, la autorización de impacto ambiental volvió a tener impacto negativo, “por deficiencias en la información presentada”, señala el empresario.

Sin embargo, Vital asegura que esto pudo ser subsanado, “si la autoridad, con apego a la ley y respetando las garantías individuales de los particulares, hubiera requerido la información faltante, por supuesto que no se satisfizo en una clara violación a la Poley Federal de Procedimiento Administrativo y a nuestra Carta Magna.”

El desarrollador sostiene que si bien la autoridad puede autorizar o negar la obra o actividad presentada para la evaluación, también tiene la facultad de autorizar dicha obra de manera condicionada a la modificación del proyecto o a la aplicación de medidas adicionales de mitigación y prevención”.

El empresario llega a la conclusión de que “la resolución emitida por la Semarnat es completamente contraria a la ley, no sólo porque violentó las reglas del procedimiento administrativo, sino que también se encuentra totalmente injustificada desde el momento en que tenía la opción de autorizar el proyecto de manera condicionada a las medidas correctivas adicionales que considerara convenientes”.

Y el 29 de julio pasado, Vital presentó de nuevo la manifestación de impacto ambiental para el proyecto turístico, ya que en la resolución se dejó a salvo el derecho de ingresar un nuevo estudio, previo pago de derechos.

También solicitó a la Profepa reconsiderara la medida correctiva que había determinado, porque “la negativa no fue porque el proyecto no fuera ambientalmente viable, además de tratarse de una resolución legal y justamente anulable en los términos descritos”.

Tal planteamiento lo hizo, toda vez que el Consejo Forestal de Nayarit pretendía dejar pendiente la resolución para el cambio de uso de suelo, que había sido prácticamente el único requisito faltante, debido a que no se cumplía con la resolución administrativa de la Profepa, por lo que se le explicó que se había solicitado la reconsideración de la medida correctiva.

El 30 de julio, la Profepa emitió acuerdo de trámite en el que concedía al empresario nuevo plazo para cumplir con dicha medida, por lo que de nuevo se reunió el Consejo Forestal nayarita.

En esa reunión, relata Vital, estuvo presente personal de la Semarnat e hizo una férrea defensa en el sentido de que el estudio técnico justificativo cumplía cabalmente con los requisitos de ley, por lo que no había impedimento técnico-jurídico para la autorización del cambio de uso de suelo y era procedente si estaba sujeta a obtener la autorización de impacto ambiental.

En una semana se estaría notificando el cambio de uso de suelo…

El inversionista sigue esperando...