A cualquier médico le perturbaría el sueño la posibilidad de trabajar en alguna de las clínicas privadas que hay en El Obispado, una de las zonas más emblemáticas del Monterrey de progreso que presumen con orgullo los nacidos en esta ciudad. El nivel de los hospitales de la antigua colonia residencial suele ser comparado con el de los famosos hospitales de Houston o Los Ángeles, donde los pacientes son atendidos con los aparatos más modernos, esos capaces de desafiar a la muerte.

Por eso Miguel P., en cuanto le ofrecieron trabajar en uno de estos hospitales sintió que la justicia había llegado al fin a su ardua vida. Pocos como él saben lo que son ocho años de estudiante de medicina y varios más trabajando domingos enteros en sanatorios públicos aglomerados, sin suficientes jeringas, con familiares de pacientes a disgusto y con un sueldo que apenas alcanzaba para pagar la renta, comidas y la cena ocasional con la novia en algún negocio de comida rápida.

Fue hasta el día en que un comando de hombres encapuchados y armados con rifles lo hizo detener la marcha de su Audi, bajarse y hacerlo subir a empujones a una camioneta, cuando sintió que la justicia se le había esfumado.

“Mientras íbamos en la camioneta me dijeron que sabían todo de mí, de mi familia y de mis amigos, y dónde trabajaba y cuánto ganaba y que si quería seguir viviendo, a partir de ese momento iba a tener que darles una parte proporcional de mi sueldo y que tenían todo arreglado en la policía, que no fuera pendejo”, relata Miguel P.

A partir de entonces, la mitad de su salario como médico se lo entrega a la mafia, tal como se estima que lo hacen otros centenares de profesionistas extorsionados. Miguel P. deposita el tributo en cuentas bancarias distintas, lo deja en un maletín en el área de paquetería de algún supermercado o bien, como ha sucedido un par de veces, lo entrega personalmente a los extorsionadores en el hospital donde trabaja. “Nunca pensé en acudir a la policía… ¿en qué policía se puede confiar si todos los días nos enteramos de noticias sobre la manera en que están arreglados con los delincuentes?”, sigue contando en una misiva dirigida a uno de los empresarios más importantes de esta ciudad y de la cual MILENIO obtuvo copia.

Ante la desconfianza hacia las instancias gubernamentales, algunos de los empresarios más importantes de la ciudad han comenzado a recibir en los últimos meses misivas de ciudadanos como la de Miguel P., en las cuales les piden que hagan algo para “liberar a Monterrey del secuestro de la mafia”, tal como concluye la misiva donde el médico extorsionado cuenta su testimonio.

La desconfianza hacia las autoridades estatales —del PRI— y municipales —del PAN— es del mismo tamaño al miedo que existe ante las actividades de la delincuencia organizada. Policías y funcionarios de gobierno de uno u otro partido aparecen con regularidad en la nota roja, protagonizando actos de corrupción vinculados al crimen organizado. A escala federal parece que tampoco hay mucha esperanza. Hace un par de semanas, una comandante de la Agencia Federal de Investigación adscrita a la ciudad fue detenida luego de descubrirse que dirigía una banda de delincuentes que secuestraba y extorsionaba a pequeños y media-nos empresarios.

Desde un tiempo acá, las imágenes patrocinadas por la mafia son costumbre, se agolpan en Monterrey: secuestros de empresarios, extorsiones a comerciantes, robo generalizado a bancos, asaltos, ejecuciones del director de la policía estatal y de un diputado local en lugares vistosos, narcomantas en la Macroplaza, pandillas enfrentándose a balazos frente a las cámaras de televisión, cobros de cuotas de protección a antros, circulación a plena luz del día de ostentosos convoys de camionetas con hombres armados a bordo. Y además de médicos como Miguel P., hay dentistas, contadores, ingenieros y ejecutivos de compañías que también pagan cuotas mensuales a la mafia para seguir con vida.

El lunes pasado, el presidente de Grupo Femsa, José Antonio Fernández, fue abordado por reporteros locales. Femsa, entre otros negocios, es el consorcio propietario de franquicias de Coca-Cola en Latinoamérica, de la cervecería que hace Carta Blanca y Tecate, así como de la cadena de tiendas Oxxo.

—¿Usted se siente seguro aquí en Nuevo León?,— se le preguntó al empresario, quien acababa de participar en un acto oficial al lado del gobernador Natividad González.

—No, ¿quién se siente seguro aquí?, ninguno; no nos sentimos seguros aquí y tenemos que pelear y luchar por sentirnos más seguros, cada día más seguros.

Un funcionario del gobierno estatal cuenta que hace unos meses recibieron la llamada del jefe de seguridad de Dionisio Garza Medina, el empresario que preside Alfa, un grupo que tiene instalaciones manufactureras en 14 países y 48 mil empleados. Cerca de donde se encontraba el empresario regiomontano había un convoy de camionetas que parecían sospechosas, por lo que el equipo de seguridad del empresario solicitó ayuda oficial. Al poco rato, un grupo de policías llegaron a la zona y el convoy sospechoso partió de ahí. Horas después, por la radiofrecuencia de la policía municipal un desconocido amenazó a los efectivos que habían acudido a resguardar al empresario.

“Monterrey necesita un Eliot Ness”, exclama uno de los empresarios que han recibido cartas de ciudadanos pidiéndole ayuda. “Y si no existe ese Eliot Ness, habrá que idearlo”.