Ciudad de México.- La presidenta de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanis, dijo que el objetivo de la consulta sobre la reforma energética no corresponde a las atribuciones del gobierno capitalino, pues es exclusiva del Congreso de la Unión.

"Esta materia no corresponde a la temática de atribuciones del gobierno local, sino corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión en término del Artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", reiteró.

La funcionaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la consulta del 27 julio, que también fue organizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pretende sólo obtener la opinión ciudadana sobre la reforma energética.

Al fundamentar su proyecto de sentencia de un juicio sobre los derechos electorales del ciudadano promovido para cuestionar posibles omisiones del IEDF al convocar la consulta, señaló que ese ejercicio va más allá de las atribuciones de los organizadores.

"Tampoco se pretende obtener elementos de juicio para el ejercicio de la función de los órganos que convocan, ni afectar o limitar su ejercicio, que son los fines legales del mecanismo de democracia directa que tutela la Ley de Participación Ciudadana", dijo Alanis Figueroa.

En ese sentido, el magistrado Manuel González Oropeza comentó que la consulta pretende obtener la opinión del electorado del Distrito Federal sobre un tema que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión e incluso hasta del constituyente.

Especificó que al ser el Distrito Federal una entidad que configura la Unión Federal, el gobierno capitalino estaría interesado en saber la opinión de la población sobre estos aspectos.

"No por ser una materia federal se puede decir que no tenga un impacto temático y territorial en el Distrito Federal, porque cualquiera que sea el resultado del Congreso respecto esta política energética, se transformará en ley o norma suprema de la Unión". subrayó.

Ello significa, explicó, que todas las autoridades de las entidades federativas estarán obligadas a acatarla.

"Si bien la competencia constitucional corresponde a la Federación y al Congreso de la Unión, una vez que agote éstos, el tema será responsabilidad de cada entidad federativa implementarla", aseguró González Oropeza.

Agregó que debido a ello deberá tener un impacto en la ciudad de México, por lo que el gobierno local recurrió a este mecanismo para conocer la opinión de la población.