Lo que sucede en Nueva Castilla, un predio de mil hectáreas en Escobedo, no es un asunto aislado en Nuevo León. La detención de 32 personas bajo el delito de “despojo de inmuebles” es una muestra de cómo el gobierno actúa como cómplice del interés especulativo de un grupo de selectas inmobiliarias para ejercer el poder en busca de un jugoso botín: la tierra.

La historia de este predio nació desde hace 40 años, cuando la zona ubicada sobre la carretera a Laredo era una simple reserva territorial. En el 2003, durante el sexenio estatal del gobernador Fernando Canales, él y el director de Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, crearon el Fideicomiso Nueva Castilla, con el que las mil 67 hectáreas de este predio serían dedicadas a un ambicioso proyecto de urbanización para 25 mil casas de interés social. El plan era construir también parques urbanos, centros comerciales, hospitales, recintos culturales, escuelas y sitios industriales.

En el acuerdo, la prioridad la tenía “la población regiomontana trabajadora de menores ingresos”. O sea, nada de especulación, señores: beneficio social.

Pasó el tiempo y nadie se fijó en el terrenito ese al lado de los moteles. Pero sí hubo alguien que sabía del valor de la tierra: Leopoldo Bautista Flores, quien empezó a vender el predio a familias de escasos recursos. El trato era que él les vendiera el precio a un costo barato pero las escrituras las entregaría hasta el último de los pagos.

Muchas familias se interesaron. Pasaron los años y ya eran 900, con casas construidas y otras, sólo con el terreno. Ningún gobierno se fijó en esa invasión del predio. Nadie en Escobedo ni San Nicolás ni en la administración estatal fue capaz de detectar a 9 mil personas viviendo sin agua potable, drenaje ni luz en esa área.

Pero llegó el gobernador Natividad González Parás. Y ahí sí se empezó a brillar este predio. El 5 de mayo del 2005, con bombo y platillo, el mandatario firmó un nuevo contrato con Infonavit en el que establecía el fideicomiso con Scotiabank Inverlat y un grupo de inmobiliarias, entre las que destaca Urbi, Maple Urbanizadora (sí, la misma de Valle de Reyes) y Javer, entre otras, para desarrollar el proyecto.

El 16 de mayo, el arquitecto Héctor Benavides preguntó al director del Instituto de la Vivienda, Juan Manuel Fernández, sobre este fideicomiso. Sus respuestas bastan para saber quién tiene el poder:

Fernández: Como gobierno, nada más vigilamos.

Arq. Benavides: ¿Y el dinero?

Fernández: Viene del fideicomiso.

Arq. Benavides: ¿Y quién forma el fideicomiso?

Fernández: Tendría que pedir permiso a ellos. (PREGUNTA: ¿PEDIR PERMISO, EL GOBIERNO QUE CONVOCÓ ESTE PLAN?)

Arq. Benavides: Señor, nada más queremos saber

Fernández: (OJO: EL QUE FIRMÓ EL CONTRATO A NOMBRE DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN): No me acuerdo de las sociedades….Urbi…Javer…Todos los desarrolladores de vivienda serios

Entonces, comenzó el acoso. A los presuntos “invasores” –las 900 familias- el gobierno les mandó decir que realmente sus terrenos eran producto de un fraude y por tanto, se tenían que ir.

A algunos, les ofrecieron pagarles lo que ellos habían dado por la casa hasta ese momento (30, 50, 70 mil pesos a lo mucho). A otros, les ofrecieron reubicarlos a La Alianza y otra colonia. Pocos quisieron.

Entonces se recurrió a otro método que varios reporteros comprobamos: el gobierno empezó a cercar la zona. Luego realizó hoyos en las banquetas para hacer imposible el paso. Y en el 2006 y el 2007, empezó la destrucción de casas.

La maquinaria estaba por donde sea. Mucha gente que llegaba al predio perdía toda esperanza cuando veían que allí donde estaba un tejabán, ahora había alambres de púas y blocks destrozados.

Los afectados tal vez sí compraron un terreno que Bautista (a quien el Juzgado Curto le giró orden de administración) les vendió en forma fraudulenta, pero ¿ésa era la forma de retirarlos? ¿Bajo presión? Fernández afirmó en la entrevista que el terreno “si estaba invadido, no vale nada”.

Entonces, ¿por qué tanta Policía para detener a quienes entraron al predio? ¿Dónde estaba esa misma Policía cuando empezó la destrucción de casas con todo y pertenencias dentro? ¿Dónde estaba cuando los de Nueva Castilla pedían auxilio y los trataban como ciudadanos de quinta? El arqui Benavides preguntó: ¿Cuál es el interés en esas tierras si no les interesó durante 25 años?

Fernández dijo de los detenidos: “están actuando como delincuentes”.