Petróleo: el estado de la cuestión

Han sido necesarias intervenciones como las de Héctor Aguilar Camín, Arturo Fernández de Castro, Luis Rubio y Carlos Elizondo Mayer-Sierra para que el debate en torno a las iniciativas petroleras tenga sustancia, pertinencia y relevancia.

Llama la atención el común denominador de las cuatro personas mencionadas: ninguna de ellas, que se sepa, milita en algún partido político. Hay que seguir el debate para enfrentar las realidades contrastantes del México contemporáneo. Por un lado una ciudadanía lúcida, participante y pragmática. Por otro lado, los representantes de los partidos políticos presos de sus clichés y de sus ataduras con el siglo pasado que les dio origen.

Ninguno de ellos escapa a la retórica en su acepción de palabrería o pronunciamiento de razones que no vienen al caso. El PAN, que en vez de defender con argumentos las iniciativas de su presidente, llegó a exorcizar con estridencia discursiva al autonombrado legítimo; el PRI, en la ambigüedad conceptual que políticamente le ha sido tan rentable en los últimos 16 meses; el PRD, en la descalificación del espurio. De los otros ni hablar.

El PAN desaprovechó la oportunidad de abrir el debate en forma tal que lo marcara con rasgos de los que la opinión pública está escéptica: seriedad y fundamento. No lo hizo y se bajó al lodazal de su adversario.

Desde el principio, el gobierno planteó mal el marco del debate o, mejor dicho, no planteó el debate. De inicio se tenía que haber puesto sobre la mesa de discusión, en la conciencia de la opinión pública, la actualidad de la Constitución. Se debería haber convencido a la ciudadanía que una Constitución como la mexicana debe ser objeto periódico de revisión y modernización. De hecho así ha sido en el pasado, pero han sido los propios legisladores que la han reformado en múltiples ocasiones los que han generado la confusión de que la Constitución es intocable, como si cada reforma que se hiciese fuese la última. También, cuando se invocan ciertos artículos en términos de “principios” que no pueden ser modificados, parecería que se postula la existencia de artículos constitucionales de primera y de segunda, esos últimos que sí pueden ser reformados. Típico ejemplo el del rechazo del PRI y del PRD a cambiar el 27 constitucional, el cual, por cierto fue el PRI el que lo reformó en 1990.

Se tenía que haber planteado un cambio constitucional y a partir de ahí una reforma energética de fondo, no lo que se está discutiendo ahora, que no alcanza más que para la reingeniería organizacional de una empresa paraestatal. No se hizo. En cambio el gobierno no metió ni las manos cuando el PRI y el PRD decidieron hacer una reforma electoral de contentillo y para eso modificaron de manera drástica y perniciosa seis artículos constitucionales. No uno, seis.

Ahora, las iniciativas están sujetas a la voluntad del PRI y a la posibilidad de un referendo. En cuanto al PRI, es muy sintomático que después de haberse reunido la dirigente nacional, los coordinadores parlamentarios y 15 gobernadores en Metepec, Estado de México, con el fin de discutir la posición del partido frente a estas reformas, no haya habido un comunicado respecto del resultado del encuentro. Más sorprendente aun, dado el protagonismo del anfitrión.

El tema del referendo que pretende AMLO, con el paso de los días adquiere mayor complejidad. Está claro que las mayorías eligieron a sus representantes, bien o mal. Pero esa decisión política de esta democracia representativa ya está hecha. Sin embargo, no puede ignorarse el riesgo que representa para el gobierno que López Obrador durante o después de que concluya el debate organice por su cuenta un referendo. Y ya vimos con la elección de dirigencia del PRD que tipo de consultas organizan. En ese escenario, ante la eventualidad de que AMLO haga su referendo a modo en el que 99% de los consultados diga que no, el gobierno no debería descartar la posibilidad de que en el periodo extraordinario de junio se legisle en la materia.

El costo político de la reforma en materia de hidrocarburos ha sido creciente y llegado a este punto, en medio de los chantajes del PRI y la posible radicalización de la movilización del FAP, el gobierno no se puede dar el lujo de perder esta batalla. Han sido muchos errores de estrategia pero el gobierno decidió poner aquí la tajada del león de su capital político. Y faltan cuatro años y medio.